Page 220 - Azaña: Intelectual y estadista | eBook

1 Pérez García, Guadalupe, “La co- lonia penitenciaria de Villa Cisneros. Deportaciones y fugas durante la Segunda República”, en Historia y Comunicación Social, núm. 7, 2002, pp. 174-175.
ciones extensivas y sin límites. Se citaban específicamente su capacidad de: a) prohibir periódicos; b) cerrar todos los lugares de reunión y los círculos políticos, recreativos y similares; c) meter en la cárcel indefinidamente a los ciudadanos; d) imponer cambios de domicilio; e) establecer la obligación de residencia forzada y/o la posibilidad de deportación; f ) ordenar la apro- piación de empresas, talleres, etc.; g) prohibir mítines y reuniones políticas, y h) imponer multas de hasta 10.000 pesetas. En ninguno de los casos tan denunciantes autores precisaron las limitaciones y condicionamientos pre- vistos en la propia LDR.
El punto referido al Poder Judicial era, naturalmente, algo más compli- cado de “demostrar”: los autores citaron unos cuantos casos sin referen- cias precisas (un juez de Madrid, otro de Granada), habían visto revoca- das sus disposiciones de poner en libertad provisional a dos detenidos y, naturalmente, fueron destituidos. Se trataba de meros ejemplos, porque el ministro de la Gobernación ejercía una jurisdicción subsidiaria y com- plementaria de la del Poder Judicial. Significativas fueron las deportacio- nes a tierras africanas, aunque la deportación no estaba prevista en el Código Penal de la época. Sí en la tan denostada LDR como medida gubernativa, que no era obstáculo a la aplicación de las leyes penales. Silenciaron que la prensa monárquica o de extrema derecha (ABC, La Nación, El Siglo Futuro, etc.) se había lanzado a una intensísima campaña de oposición con argumentos más o menos espurios en los que la colonia apareció como un lugar desprovisto de todo rastro de civilización. Tam- poco se deportaron a 25 o 30 personas ligadas al intento de sublevación del 10 de agosto. El total ascendió (aunque hay cifras variables) a 161 y el opúsculo los presentó como “conocidos hombres de honor: militares de diversos grados, abogados, ingenieros, médicos, periodistas, etc.”, que, se afirmó, en su mayor parte no tuvieron nada que ver con los sucesos, ya que el juez los había dejado en libertad después de interrogarlos. Como ha señalado una estudiosa del tema, entre los deportados figuraron siete coroneles, siete tenientes coroneles, veintiún comandantes, treinta y dos capitanes, veinte tenientes, un alférez y un eclesiástico, más un capitán, un teniente y cuatro alféreces de la escala de complemento. Entre los ci- viles había once abogados, cuatro licenciados o ingenieros, catorce profe- sionales liberales, ocho estudiantes, tres empleados, cuatro industriales y un cocinero1.
Quizá los más atrabiliarios comentarios del panfleto se refirieron, no es de extrañar, a la falta de libertad de prensa. Se detallaron las suspensiones de periódicos tales como El Debate, ABC, La Nación, La Correspondencia (suponemos que la militar), El Imparcial, Informaciones, y se destacó en particular la saña contra ABC, en parte para parar su difusión, pero tam- bién para mejorar las posibilidades de otras cabeceras (El Sol, La Voz, Luz, Ahora). Curiosamente, no se mencionó Política, el más próximo a Azaña. Para colmo, los partidos de derechas se habían visto en la imposibilidad
Conspiración monárquica: Azaña en la diana 219